Santo Domingo. La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) acusó a la saliente ministra de Cultura, Milagros Germán, de incurrir en presuntas irregularidades en la asignación de contratos relacionados con el montaje de la Feria Internacional del Libro de los años 2023 y 2024, señalando posibles violaciones a la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
Según ADOCCO, Germán utilizó la figura de caso de excepción para favorecer a determinadas empresas, como las lideradas por Aidita Selman, adjudicándole contratos por sumas millonarias. Estas contrataciones incluyeron:
- RD$42,103,332.20 millones para la Feria del Libro 2023, incluyendo diseño y montaje de varios pabellones.
- RD$41,272,546.12 millones para la Feria del Libro 2024, abarcando actividades artísticas, producción general y construcción de pabellones temáticos.
- RD$14,311,594.60 para las Noches de Navidad en la Plaza de la Cultura.
Además, Liza Ortega Arquitectos recibió contratos por:
- RD$32,300,000.00 para diseño, producción y construcción del Pabellón de la Imaginación en 2023.
- RD$6,169,513.23 para la habilitación del mismo pabellón en 2024.
Violación a la Ley 340-06
El presidente de ADOCCO, Julio De la Rosa Tiburcio, afirmó que estos contratos vulneran los principios de participación, economía y transparencia, ya que el servicio podría haber sido suministrado por otros productores con igual capacidad. Asimismo, criticó que el pliego de condiciones priorizara a empresas que abarcaran múltiples rubros, limitando la participación de otros oferentes y favoreciendo de manera deliberada a los adjudicatarios.
Uso indebido del caso de excepción
De la Rosa recordó que, según la Ley 340-06, los casos de excepción deben aplicarse únicamente cuando no existan múltiples oferentes capaces de suplir el servicio requerido, y no como un mecanismo para vulnerar los principios de equidad y transparencia establecidos en la normativa.
Reclamo de acciones correctivas
ADOCCO llamó a las autoridades competentes a investigar estas contrataciones y a garantizar la aplicación de la ley en futuros procesos, con el fin de proteger los recursos públicos y promover una gestión transparente en el ámbito cultural.
La denuncia se suma al creciente escrutinio sobre las contrataciones gubernamentales y plantea interrogantes sobre las prácticas administrativas en una de las principales actividades culturales del país.
